En 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, Argentina canceló la totalidad de su deuda con el FMI, pero poco más de una década después se convirtió en el principal deudor del organismo de la mano de Mauricio Macri

Por Fernanda Vallejos

Tres años atrás se consumaba uno de los capítulos más hirientes de nuestra historia económica reciente: Macri reestablecía el vínculo de sometimiento con el FMI.

Una vez más, la fuga -y no la inversión para el desarrollo- fue el destino de esos fondos. El maridaje entre deuda y fuga, una constante de la fase neoliberal de nuestra historia, se repite en el periodo 2015-2019: el Balance Cambiario del BCRA muestra una Formación de Activos Externos (FAE, neta) superior a los 88.000 millones de dólares; mientras, según el Balance de Pagos del Indec, el crecimiento de los activos externos de argentinos superó los 103.000 millones de dólares.

Argentina llegó a finales de 2019 con el lastre de la deuda insostenible e indicadores de desempleo, pobreza y desigualdad alarmantes: un notable retroceso respecto de los avances construidos entre 2003 y 2015. La pandemia agudizó la crisis socioeconómica. No obstante, Argentina reestructuró su deuda con privados, con un ahorro de 38.000 millones de dólares, reducción de la tasa promedio de 7 a 3 por ciento y un periodo de gracia indispensable para enfrentar la crisis y encarar la reconstrucción antes de volver a pagar. Recientemente se logró un entendimiento con el Club de París, posponiendo el pago de 2.000 millones de dólares hasta marzo de 2022.

Es que la pandemia obliga a los Estados a encarar respuestas impostergables, que hacen incompatible el pago privilegiado de la deuda con la prioridad de cuidar la vida y la salud, primero, y con la reconstrucción económica, después. Este debería ser el primer marco de referencia para el arreglo de una deuda que se contrajo violentando la manda constitucional y las leyes argentinas que rigen la contratación de deuda pública, por lo que, además, debe ser investigada judicialmente para determinar la responsabilidad civil, penal y patrimonial de los ex funcionarios.

El Stand By por 50.000 millones de dólares de junio de 2018, ampliado, 4 meses después, a 57.000 millones de dólares, representó el 1.277 por ciento de la cuota argentina. Los desembolsos alcanzaron los 44.000 millones de dólares, poco menos que los 50.000 millones de dólares con los que el FMI asistió por la pandemia, durante 2020, a más de 80 países.

Para habilitar un préstamo que sobrepasó el límite máximo, debió haber un análisis riguroso, que no existió ni pudo haber existido en el exiguo plazo de un mes en el que, de forma inaudita, se aprobó el mayor préstamo en la historia del organismo, superando las experiencias de Grecia (2013) o Portugal (2014). La exposición a un solo país da cuenta de la excepcionalidad: a fines de 2019 el préstamo representaba el 47,6 por ciento de la cartera del FMI. En la actualidad, los 4 mayores deudores después de Argentina, en conjunto, no llegan a sumar la deuda de nuestro país con el organismo.

Después del primer desembolso, el BCRA anunció las subastas para “adjudicar los dólares, que incluyen los provenientes (…) del FMI”. La cancelación de deuda en pesos con esos fondos permitió que los especuladores dolarizaran y fugaran sus ganancias. Desde el primer desembolso hasta el final del mandato de Macri, entre FAE y salida de capitales “de cartera”, se fugaron 6.000 millones de dólares más que la totalidad de los desembolsos, violando al artículo VI del convenio constitutivo del organismo.

Las condiciones pactadas para el pago son, lisa y llanamente, inviables. Nadie en su sano juicio pudo suponer que nuestro país podría pagar 44.000 millones de dólares, dos tercios de nuestras exportaciones anuales, entre 2021 y 2023. Sigue siendo igual de irrazonable que, frente a un préstamo que pasó por encima de las reglas del organismo, sin aval del Parlamento y con el objeto de financiar la fuga, se pretenda encorsetarnos en las condiciones y plazos convencionales de un Crédito de Facilidades Extendidas, para devolver una deuda donde los desembolsos realizados representaron el doble de lo que el país hubiera debido obtener. Menos, por pura matemática, superponiendo esos pagos con los vencimientos de la reestructuración con privados, convalidada por el FMI. Menos aún en pandemia, algo que el organismo debería sopesar al exigir a los países -pobres y de ingresos medios- con pueblos empobrecidos y diezmados por el virus.

El FMI tiene capacidad legal para adoptar normas especiales (art. V), en pos de una solución sostenible a un préstamo “especial” dado en condiciones “especiales”. Y tiene capacidad política, como la tuvo “para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección”, como reconoció el entonces representante de EEUU en el FMI y hoy presidente del BID, Mauricio Claver-Carone. Hay una solución posible: una donde cierre la matemática de las cuentas externas del país, con el pueblo adentro.

Columna publicada en Página 12

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